Japón es un país retencionista. El país condenó a muerte a 4 personas y llevó a cabo 15 ejecuciones en 2018. 116 personas siguen condenadas a muerte.

Si bien Japón ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1979, aún tiene que ratificar su Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (PIDCP-OP2).