Ecuador es abolicionista desde 1906. Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1969, así como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP-PF2), destinado a abolir la pena de muerte en 1993.

Septiembre de 2018: después de que varios políticos latinoamericanos hicieron sugerencias para restablecer la pena de muerte, la Asambleísta Soledad Buendía, Presidenta del Grupo Nacional de PGA en Ecuador, hizo una declaración sobre el conflicto inherente entre una posible reincorporación de la pena capital y el respeto a los derechos humanos, y sobre la ineficacia de la pena de muerte para disuadir el crimen.