El reto: Proteger al planeta contra el cambio climático

El cambio climático amenaza una serie de derechos humanos: la vida, el agua y el saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo. El cambio climático es también un multiplicador de amenazas, ya que acentúa de forma desproporcionada sus impactos en los países y en los segmentos de la población que ya están en desventaja. 

Los grupos ya marginados y los que viven en situaciones vulnerables, como resultado de las desigualdades e inequidades preexistentes, se ven aún más afectados y tienen condiciones menos favorables o capacidades reducidas para adaptarse y mitigar las consecuencias del cambio climático. Factores como la geografía, la pobreza, el género, la orientación sexual/identidad de género, la edad, la etnia o la raza, la nacionalidad de nacimiento o la condición social y la discapacidad pueden agravar aún más esas consecuencias.

Los Estados tienen la obligación de prevenir los efectos adversos previsibles del cambio climático sobre los derechos humanos y de garantizar que las personas afectadas por él, en particular las más vulnerables, tengan acceso a recursos eficaces y a medios de adaptación para disfrutar de una vida digna.

La comunidad internacional adoptó la Agenda de Desarrollo 2030 para impulsar la acción en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados, reconociendo que la paz y la prosperidad para todos sólo pueden lograrse con el respeto a las personas y a nuestro planeta. La Década de Acción, que comenzó en 2020 en medio de la pandemia del COVID-19, proporciona un renovado sentido de urgencia para hacer frente a la creciente pobreza y la desigualdad, empoderar a las mujeres y las niñas, y abordar la emergencia climática.

La respuesta: La Campaña para la Acción Climática

La Campaña movilizando a los parlamentarios para la acción climática desde un enfoque de derechos humanos (Campaña para la Acción Climática) fue lanzada en 2021, teniendo el Caribe como objetivo regional. La Campaña busca sensibilizar e implementar el Acuerdo de Escazú como herramienta de gobernanza climática y garantizar los tres derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental.

El Acuerdo de Escazú es el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores de los derechos humanos ambientales. El Acuerdo también apunta a la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de toda persona, en el presente y de las generaciones futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. (Fuente: CEPAL)

El Acuerdo de Escazú ofrece un camino para avanzar en la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 mediante el fortalecimiento del estado de derecho, el impulso de la democracia participativa, la protección de los derechos humanos y la prevención de conflictos sociales en medio de los cambios en las estructuras productivas de las economías. El Acuerdo contribuye especialmente al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, así como al ODS 10: Reducción de las desigualdades, al ODS 12: Consumo y producción responsables, al ODS 13: Acción por el clima, al ODS 14: Vida bajo el agua y al ODS 15: Vida en la tierra.

Para lograr su objetivo de mejorar la gobernanza climática, la Campaña para la Acción Climática busca los siguientes resultados:

• Sensibilizar a parlamentarios y parlamentarias sobre su papel para garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las personas, especialmente de las comunidades vulnerables que sufren los efectos más duros del cambio climático como consecuencia de las desigualdades estructurales y las disposiciones discriminatorias.
• Sensibilizar a parlamentarios clave acerca del Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe como herramienta para catalizar la acción climática desde un enfoque de derechos humanos en la región.
• Promover la ratificación del Acuerdo de Escazú y proporcionar asistencia técnica para su efectiva domesticación en los marcos legales de los países caribeños seleccionados.
• Mejorar el compromiso entre los parlamentarios y los representantes de la sociedad civil, incluyendo a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para fortalecer sus “derechos de acceso” y los mecanismos de justicia climática.